El Correo.- Artículo de opinión por Oscar Sánchez, Socio de NORGESTION
En 2013, Alberto Brandolini formuló el llamado principio de la asimetría de la estupidez: la cantidad de energía necesaria para refutar una falsedad es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. Aunque nació en el ámbito digital, su aplicación a la vida social y por supuesto a la economía actual resulta especialmente reveladora.
Ciertamente, la economía es compleja y siempre exige matices, pero el debate público suele favorecer mensajes simples y contundentes. La circulación de información a una velocidad sin precedentes amplifica la difusión de ideas simplistas o erróneas. Así afirmaciones categóricas —sobre impuestos, gasto público o inflación— se difunden con enorme rapidez, mientras que los análisis rigurosos necesitan tiempo, contexto y explicación. Ideas inexactas calan con facilidad en la opinión pública.
Este desequilibrio tiene consecuencias. En sociedades abiertas, donde las decisiones dependen en gran medida de percepciones colectivas, la proliferación de argumentos simplificados empobrece el debate y dificulta la adopción de políticas bien fundamentadas. Los expertos y responsables públicos se ven obligados a dedicar más energía a corregir errores que a proponer soluciones, cuando no a aceptarlos.
Esta situación plantea un desafío particular para las democracias liberales. Estas se fundamentan en ciudadanos informados capaces de tomar decisiones racionales. Sin embargo, cuando el debate económico se contamina con mensajes inexactos que se propagan más rápido de lo que pueden ser corregidos, se erosiona la calidad del proceso deliberativo
En un momento marcado por desafíos económicos relevantes, desde la inflación hasta la transición energética, el principio de Brandolini actúa como recordatorio: la calidad del debate público depende tanto de la libertad de opinar como del compromiso con el rigor. Apostar por éste no es opcional, sino imprescindible.
