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Actualidad

Modificación normativa IVA. Transposición Directivas europeas

17.02.2010

Objetivo: mejora del funcionamiento en el mercado interior europeo, reducción cargas administrativas, y lucha contra el fraude. 

Durante el ejercicio 2008 se publicaron tres Directivas de gran calado que modifican y completan la Directiva 2006/112/ CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Dichas Directivas, que se han pasado a denominar como "Paquete IVA", con fecha de efecto, en su mayor parte, de 1 de enero de 2010, tienen el ambicioso objetivo de mejorar el funcionamiento del IVA en el mercado interior europeo, simplificar y reducir las cargas administrativas de los contribuyentes y mejorar la lucha contra el fraude en las operaciones intracomunitarias. 

En concreto, el importante contenido de estas Directivas se puede resumir de la siguiente manera: 

 

: Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifican las reglas que regulan la localización de las prestaciones de servicios.

 Hasta el momento la normativa del IVA establecía en materia de prestaciones de servicios una regla general (sede del prestador, lo que conllevaba la tributación en origen), y diversas reglas particulares (sede del destinatario, lo que implicaba la tributación en destino) que por su especialidad hacían que la aplicación práctica de la regla general fuera testimonial.

 Por ello, a partir de 1 de enero de 2010 la principal novedad consiste en el establecimiento de dos reglas generales de localización de las prestaciones de servicios en función de la condición del destinatario del servicio:

 a) De una parte, cuando los servicios sean prestados a empresarios o profesionales, se entenderán localizados en la sede del destinatario.

 b) De otra parte, el servicio se entenderá realizado en el lugar donde radique la sede del prestador en el caso de servicios prestados a consumidores finales que no sean empresarios o profesionales.

 De esta forma, la regla de localización en sede del destinatario será aplicable a la mayoría de los servicios reduciéndose el ámbito de aplicación de las anteriores reglas particulares.

 No obstante, merece destacarse el hecho de que para facilitar la aplicación del IVA, determinadas reglas especiales se aplicarán con independencia de la condición del destinatario trasladando la tributación del IVA, por ejemplo, al lugar donde radiquen los inmuebles en servicios relacionados con los mismos.

 : Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008, por la que se simplifica sustancialmente el procedimiento de devolución del IVA a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA pero establecidos en la Comunidad.

 En este sentido, se establece un nuevo sistema de devolución basado en un formato de "ventanilla única" en el que los solicitantes deberán reclamar la devolución de las cuotas soportadas en otros Estados miembros por vía electrónica ante su Administración Tributaria, quien remitirá la solicitud al Estado en el que se hayan soportado las cuotas del IVA cuya devolución se solicita. 

: Directiva 2008/117/Ce, de 16 de diciembre de 2008, por la que se trata de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias.

 Como consecuencia de esta Directiva, el modelo 349 incluirá información referente no sólo a operaciones intracomunitarias de bienes sino también a prestaciones de servicios intracomunitarios y que, además, pasará a presentarse mensualmente cuando las operaciones objeto de declaración superen los 100.000 euros (50.000 euros en algunos casos) en el trimestre de referencia o en los cuatro trimestres anteriores.

 Vistas a grandes rasgos las modificaciones introducidas,  no se ha aprovechado la ocasión desde las correspondientes instancias europeas para redactar un nuevo texto completo que aglutinara y evitase la dispersión de la normativa del IVA aplicable, y llama la atención que la obligada transposición a la normativa española de de tales Directivas, sobre todo considerando que se trata de una modificación de un calibre tal en la normativa del IVA como no se había producido desde la publicación de la normativa vigente en diciembre de 1991, se haya relegado a un segundo plano.

 A día de hoy, ya bien iniciado el ejercicio 2010 en el que resulta aplicable la citada normativa comunitaria aprobada durante el ejercicio 2008, tras sucesivos parones, incluido el navideño, aún se encuentra en tramitación en Cortes Generales cuando prácticamente no hay poder de decisión alguno sobre su contenido por estar la normativa del IVA en su mayor parte armonizada a nivel europeo.

 En esta situación, la Dirección General de Tributos (DGT), estimó oportuno salir del paso a final del año aprobando una Resolución de fecha de 23 de diciembre de 2009 (BOE de 29 de diciembre) en los términos previstos en el Proyecto presentado en el Parlamento a fin de aclarar "(...) diversas dudas sobre su contenido (...) dadas las características de las operaciones, su cuantía y la recurrencia y la continuidad con las que se realizan, así como el mandato ineludible de transposición referido (...).

 En fin, aunque sea loable la intención de la DGT lo cierto es que se trata de un organismo del Ministerio de Economía de Economía y Hacienda que evidentemente no puede suplir el oportuno trámite en Cortes Generales para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de las mencionadas Directivas ni, mucho menos, decidir sobre aspectos, los menos, en los que las citadas Directivas dan opciones a los Estados miembros o sobre materias que no están sujetas a armonización.

 Pero el hecho es que, aprobada una Directiva ésta obliga a los Estados miembros y ofrece a los particulares el derecho a invocar su aplicación directa por lo que en consecuencia, lo que ha tratado la DGT es de resolver con su criterio interpretativo y por vía administrativa un problema de fondo, de aplicación del ordenamiento comunitario, esto es, la poca agilidad de transposición de las Directivas comunitarias vigentes de acuerdo con nuestro sistema interno que exige inevitablemente seguir un determinado procedimiento garantizado constitucionalmente de transposición formal.

 Por ello, esperemos que al menos, dadas las circunstancias, lo aplicado por los contribuyentes en los primeros meses del recién estrenado 2010 no suponga una vulneración de algún aspecto sobre el cual nuestras autoridades competentes tengan poder de decisión.

 Y es que en los últimos trámites en Cortes Generales se suelen producir sorpresas de última hora, fruto de negociaciones, que si bien en el presente caso pueden ser poco significativas, o incluso formales, su menoscabo estará eventualmente expuesto, en la práctica, a sanciones.

 Pero lo que está claro es que esta técnica legislativa, por así denominarla, no es deseable en un ámbito en el que además es público y notorio que ofrece poco margen de maniobra por su armonización casi absoluta a nivel europeo por lo que estimamos necesario que se identificaran al efecto instrumentos legislativos más ágiles y se cambiaran los actuales.

Este un hecho que se produce, por uno u otro motivo, de forma recurrente con respecto a la normativa comunitaria y en un supuesto como el actual no ha sido suficiente disponer de un intervalo de tiempo de transposición de casi dos años, lo cual es especialmente importante cuando dicha normativa tiene que ser desarrollada con las oportunas modificaciones reglamentarias que obligatoriamente deben esperar y ser, en cualquier caso, retenidas hasta la formal aprobación y publicación de la ley.

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