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Seguridad jurídica y desarrollo económico, por Jon Ander Munduate, socio de NORGESTION 

Tribuna de Opinión de El Diario Vasco.

NORGESTION JON ANDER MUNDUATE DIARIO VASCO OPINION

Mucho se ha hablado sobre la importancia de la seguridad jurídica en el tráfico mercantil a raíz de la ya famosa Sentencia 1505/2018, de 16 de octubre, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La referida sentencia implicó un cambio interpretativo radical, estableciendo la obligación del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las entidades financieras, y no a los deudores prestatarios, clientes de las entidades financieras, quienes hasta la fecha venían realizando dicho pago. 

Este cambio de criterio en sí, no implica una falta de seguridad jurídica, pero atendiendo a las circunstancias concretas del asunto, el eco en la sociedad y en los medios ha sido mayúsculo. Además, recientes sentencias del mismo Tribunal Supremo han seguido un criterio totalmente opuesto al de esta resolución, y para darle ya una mayor incertidumbre al asunto, la Sala Tercera del Supremo, una vez publicada la sentencia y ante el revuelo generado, ha decidido someter la decisión al Pleno del organismo, para que confirmen o anulen la sentencia, volviendo a la interpretación anterior. 

Y aquí sí que podemos encontrarnos ante una clara situación de inseguridad jurídica, con sentencias contradictorias del Tribunal Supremo sobre el mismo aspecto (en escasos meses) emitidas por el órgano cuyo principal objetivo es unificar la interpretación de los distintos tribunales. 

A la espera de la reunión que mañana día 5 mantendrá el Pleno, no sabemos quién saldrá victorioso de esta contienda. Confirmar la sentencia situaría a las entidades financieras en un escenario bastante complicado, que afectaría a su propia solvencia. Y en sentido contrario, anular la sentencia podría entenderse por parte de los consumidores como una claudicación o sumisión por parte del Tribunal Supremo a los intereses de las entidades financieras. Pero lo que ya es inevitable es que la justicia y la seguridad jurídica hayan quedado en entredicho.

El Tribunal Constitucional define el principio de seguridad jurídica como la suma de la certeza, legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de las normas no favorables e interdicción de la arbitrariedad. En otras palabras, se trata de tener claras las reglas del juego y que nadie las cambie a mitad de partido. La seguridad jurídica exige reglas claras, bien elaboradas y aplicadas de forma uniforme y razonada. En esos casos, los individuos saben a que atenerse y actúan en consecuencia.   

En los diferentes estudios que establecen las clasificaciones de los países más competitivos y mejor preparados para atraer inversión, la seguridad jurídica es uno de los indicadores comúnmente utilizados. Cuanto mayor es la seguridad jurídica que ofrece un país respecto a su normativa y sistema judicial, más atractivo es para la inversión. En los países desarrollados de tradición democrática, la seguridad jurídica se presupone y, por tanto, no se le da mayor valor, salvo cuando surgen noticias que evidencian determinadas deficiencias. Nuestra posición, aunque en la parte alta de la tabla, no suele ser sobresaliente. Existen aspectos mejorables.

Desde el punto de vista normativo, la "hiper legislación" en la que estamos inmersos puede contribuir a una falta de seguridad jurídica. La normativa fiscal, que se renueva prácticamente año tras año, si no es cada menos tiempo, dependiendo de las necesidades, acontecimientos y circunstancias de cada momento, es un ejemplo de ello. Y no menos ilustrativa es la Ley Concursal que, siendo del año 2003, ha sufrido, al menos, 31 reformas, 8 de las cuales fueron realizadas en el 2015 (menos mal que ya habíamos superado la crisis). No parece que en los tiempos que corren podamos conseguir mantener una norma actual en vigor durante 129 años como el Código Civil, que data de 1889.

En sentido contrario, existen también situaciones en las que la regulación normativa va por detrás de la realidad económica, generando vacíos legales que deberían ser regulados y que pueden derivar en abusos no deseados, como en el caso de las actividades económicas desarrolladas alrededor de internet o en el de la emergente economía colaborativa.

Desde el punto de vista judicial, la proliferación de sentencias del Tribunal Supremo contradictorias entre sí genera una inseguridad jurídica en el tráfico transaccional que deriva en una paralización de la actividad económica. Ante la sentencia mencionada al inicio del artículo, muchas operaciones de préstamo hipotecario han quedado paralizadas hasta que se tenga una resolución definitiva que dé seguridad  a todos los actores e implicados. 

En conclusión, la seguridad jurídica es clave para poder tener un desarrollo económico y social positivo, fijando unas reglas del juego claras y con una estabilidad normativa que permita la planificación en el medio/largo plazo. Nuestro marco legal e institucional debe contribuir también a incrementar el atractivo del país ante aquellos que busquen oportunidades de inversión para generar riqueza y progreso.  

 

Puede acceder al artículo original en el siguiente enlace:

Descargar documento: Articulo_Jon_Ander_Munduate_Diario_Vasco_041118.pdf

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