11.03.2012

El pasado 16 de febrero, y con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos políticos, el Congreso aprobó la reforma financiera promovida por el Partido Popular. Esta nueva norma, cuyas medidas más profundas afectan directamente a la política de provisiones que las entidades financieras aplicaban sobre el crédito promotor concedido, podría tener un efecto inmediato en el balance de éstas en torno a los 50.000 millones de euros, importe muy superior al beneficio neto anual agregado de los bancos y las cajas de ahorro españolas. La reforma señala a ese crédito promotor que las entidades tienen contabilizado en sus balances como el principal culpable de la actual situación del sistema financiero nacional, algo que tanto recelo y desconfianza genera entre los inversores internacionales ante su falta de transparencia. Uno de los principales objetivos de la reforma es precisamente ése, la recuperación de la confianza de los inversores que facilite la financiación del estado y de las entidades financieras. Además, debería producirse una rebaja evidente en el precio de los pisos y, por lo tanto, un mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, paralizado de forma alarmante desde el año 2008. Parece razonable pensar que, obligados a dotar las promociones de viviendas terminadas en, como mínimo, un 35%, los bancos verán con buenos ojos abaratar el precio de los pisos, al menos en este porcentaje, de cara a minorar el riesgo promotor con sus clientes y a generar liquidez, aspecto éste tan anhelado por parte de las entidades financieras hasta que hace unos meses el Banco Central Europeo instaurara una política de "barra libre" facilitándoles el acceso al crédito en unas condiciones privilegiadas.

Esta política agresiva de provisiones debería acarrear, por lo tanto, un mayor número de transacciones de compraventa de pisos, y promover una prolífica actividad de venta de suelo y promociones en curso adjudicadas a las entidades ya que, una vez activadas las provisiones, el valor en Balance de esos activos estará ajustado en un 80% en el caso del suelo, y en un 65% en el caso de las promociones en curso. Por otro lado, la reforma probablemente generará una parálisis en el mercado de las nuevas promociones al tener que provisionar cualquier nuevo crédito promotor, por muy seguro que parezca, un 7%, "por lo que pueda pasar". Además, pensar que la elasticidad del mercado inmobiliario se establece en esta barrera del 35% puede que sea un acto más voluntarioso que realista, o ¿resulta que aplicando un descuento medio del 35% al parque del millón de viviendas construidas que hay en estos momentos en España, la demanda se va a desatar comprando los ciudadanos de manera compulsiva? Seguramente no, ¿verdad? Lo que sí resulta evidente es que estas medidas han calado en el ámbito internacional y parecen haber aportado cierta transparencia y rigor al maltrecho mercado financiero nacional. Que esto vaya a implicar que el crédito fluya a los que verdaderamente lo necesitan, las empresas y los ciudadanos, ya es harina de otro costal y nadie prevé que esto vaya a suceder de manera inmediata pues, hasta la fecha, bastante tienen los bancos con cubrir sus expedientes de "core capital" ante el Banco de España y de devolución de deuda contraída en el mercado interbancario, que en los últimos meses vienen atendiendo gracias a la anteriormente mencionada "barra libre" otorgada por el BCE. Del crédito a terceros, pues eso, "ni está ni se le espera", al menos de momento.

Este modelo cuenta, en mi opinión, con dos aristas de difícil digestión. Por un lado aquellas entidades que se fusionen antes de junio de 2012, podrán retrasar un año la afloración del impacto de estas medidas en sus balances, lo que ha contribuido a desatar una auténtica carrera en el mapa financiero nacional para ver quién se casa con quién. Todas las entidades se están moviendo con una doble motivación: retrasar el efecto de la reforma financiera, y acceder a los fondos que el FROB destina para los procesos de fusiones bancarias. De las cincuenta entidades que había en España hace escasamente dieciocho meses, pasaremos a una docena en menos de un año.

Quedará por ver si el FROB recuperará los fondos destinados a sanear un sector donde se han producido abusos evidentes y que se está reestructurando con el dinero de todos los ciudadanos. La segunda arista a la que hacía mención se refiere a que, pensar que estas medidas van a favorecer la venta de viviendas en un país con cinco millones de parados, en clara recesión, con tasas de morosidad disparadas y con un complicado escenario de déficit público, resulta al menos dudoso. O se generan nuevas medidas políticas y económicas que alienten la actividad y que favorezcan la creación de nuevos puestos de trabajo, o difícilmente los objetivos perseguidos por el ministro De Guindos y sus compañeros del Congreso serán alcanzados. A este respecto, el Gobierno ha puesto en marcha otra serie de iniciativas para promover la reactivación de la actividad económica del país favoreciendo la flexibilidad laboral, tal y como se traduce de la reforma laboral recientemente publicada que tanta cola ha traído y traerá. Pero de esto ya hablaremos en otro momento.